Hoja de ruta para la futura ley del cambio climático y transición energética

Tramitación gubernamental

A. Consulta pública previa
.   – Plazo de presentación hasta el 10 de octubre de 2017, a través del portal web  http://www.lccte.gob.es/#inicio . Ahora estamos en este punto.
B. Borrador de anteproyecto de ley
C. Consejo de Ministros
D. Informes preceptivos
.   – Direcciones generales de Ministerio y CCAA
.   – Consejo Asesor del Medio Ambiente
.   – Información Pública. El plazo mínimo será de 15 días hábiles
D. Anteproyecto de Ley
E. Dictamen del Consejo de Estado
F. Aprobación por el Consejo de Ministros

Los espacios para la participación que ofrece el proceso de la tramitación gubernamental, son A. Consulta pública y D. Información pública, pero no son vinculantes y la experiencia muestra que apenas hay margen de incidencia política.

En cuanto a los plazos de este proceso pueden variar mucho. La experiencia en la tramitación de otras leyes, ha sido de ocho meses desde el paso A. hasta el F. Es decir, si los plazos son similares estaríamos hablando de que la Aprobación por el Consejo de Ministros de la Ley de CC y TE, será para mayo 2018.

Tramitación parlamentaria

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley, comienza la tramitación parlamentaria.

1- Mesa del Congreso 
2- Comisión para el Estudio del Cambio Climático
.   a. Publicación del proyecto de ley
.   b. Enmiendas
.   c. Nombramiento de la Ponencia
3- Pleno del Congreso de los Diputados
.   a. Votación de las enmiendas a la totalidad
4- Comisión para el Estudio del Cambio Climático
.   a. Ratificación de la Ponencia
.   b. Informe de la Ponencia
.   c. Remisión de enmiendas al Gobierno
.   d. Votación del Informe en la Comisión
.   e. Remisión del Dictamen de la Comisión al Pleno
5- Pleno del Congreso de los Diputados
.   a. Enmiendas al articulado
6- Remisión al Senado

En cuanto a los plazos de este proceso pueden variar mucho. La experiencia en la tramitación de otras leyes, ha sido de seis meses desde el paso nº.1 hasta el nº.6. Es decir, si los plazos son similares estaríamos hablando de que la remisión al Senado de la Ley de CC y TE, será para noviembre 2018.

Información facilitada por la Asociación AMA

Cambio en la Presidencia del Lobby UNESA

Es evidente, que cualquier asociación de empresas y consiguiente lobby puede tener su propia estrategia en defensa de sus intereses legítimos, pero no es menos cierto que en el caso de UNESA, son las cuatro empresas eléctricas dominantes, son empresas que se enmarcan dentro de la etiqueta de empresas de servicios de interés económico general.

Los servicios de interés económico general (SIEG) son actividades de servicio comercial que cumplen misiones de interés general y que están sujetas a obligaciones específicas de servicio público. Entre ellos figuran las redes de transporte, energía, comunicación y los servicios postales.

UNESA fue creada por iniciativa de 18 empresas eléctricas en el año 1944, bajo la denominación de Unidad Eléctrica, S.A., con posterioridad a la promulgación de la ley 54/97 del sector eléctrico pasó a constituirse como una asociación de empresas, teniendo un total protagonismo en la confección y el posterior desarrollo de la citada ley, así como en su actividad de lobby en la administración española.

Su actual presidente, Eduardo Montes, que lo es desde el año 2010, va a ser cesado, según información publicada en el diario Cinco Días, de fecha 4/10/2017, y sustituido por la segura candidata: Marina Serrano, exconsejera y exsecretaria de la extinta CNE, comisión nacional de la energía.

Es evidente, que la actual presidencia ha dejado un vacío en la presencia en los medios de comunicación, que ha conllevado una menor defensa pública de lo que fueron los intereses comunes de estas compañías, al menos, con anterioridad a la OPA de Gas Natural sobre Endesa que rompió el consenso y equilibrio existente y propició la compra de la primera eléctrica española a la multinacional italiana Enel.

Quizás, hemos conocido de estas discrepancias, desavenencias e intereses encontrados, de las empresas de UNESA, en tomas de posición enfrentadas, como han sido Garoña y la consiguiente estrategia nuclear, o bien, la posición de Endesa en relación con el cierre de centrales de carbón y su consiguiente rechazo por la administración.

Nada ha trascendido publicamente sobre la posición de UNESA, en relación con la ley de: cambio climático y transición energética, piedra angular del futuro del sector energético y, si, posiblemente en un conformismo suficiente, después de promulgarse la nueva ley del sector eléctrico que zanjó el denominado déficit de tarifa y que debió de culminar los objetivos del lobby.

No cabe esperar que el presidente Eduardo Montes nos aclare las circunstancias de su cese, ni nos aclare cuál es la situación real de la industria del sector eléctrico, ni nos aclare sobre su gestión de estos siete años, tampoco nada nos aclaró de las circunstancias que rodearon su presidencia en la multinacional Siemens, en su vertiente española y motivos había sin duda.

Quizás, todo lo anterior y mucho más está en el cese de este presidente que no debería olvidar, durante su ya cercana jubilación, que su presidencia del lobby UNESA lo es de empresas que prestan un servicio económico de interés general y a él se debería haber dedicado durante estos largos siete años que han supuesto un retroceso importante para los intereses generales energéticos de este país y, sin duda, como autor importante y responsable de lo acontecido se los lleva en su mochila de los recuerdos para el retiro.

Los Pequeños Consumidores y las Compañías Eléctricas de Referencia

A estas alturas de la “película” denunciar el comportamiento de algunas eléctricas con los pequeños consumidores, es decir, con toda la ciudadanía, es una batalla perdida como refleja las innumerables quejas/denuncias que se interponen diariamente y que no alteran los procedimientos que hacen posible la indefensión ciudadana y del desprestigio del que gozan las compañías de referencia.

Una de las contradicciones del mercado minorista eléctrico es la coexistencia de dos mercados: el denominado libre y el regulado, éste último se le conoció por las tarifas TUR (tarifas de último recurso) que fue cambiado al PVPV (precio voluntario del pequeño consumidor) a raíz de la anulación de las subastas CESUR que daban forma a las tarifas TUR, ese cambio fue como consecuencia de la manipulación del mercado mayorista efectuada en los últimos meses del año 2013, sancionada por la CNMC.

Como es obvio, para que el mercado minorista pueda calificarse de liberalizado, objetivo del sistema eléctrico actual, los consumidores residenciales deberían pasarse del mercado regulado al liberalizado única forma posible para una supuesta liberalización. La anterior CNE (Comisión Nacional de la Energía) dio la correspondiente alarma por entender que el consumidor no estaba suficientemente protegido ante la liberalización.

La situación de mercado minorista al finalizar el año 2016, según la CNMC era la siguiente:

Número de suministros en mercado libre 16.880.387 (58%)

Número de suministros en COR 12.205.238 (42%)

Total, puntos de suministro 29.085.625 (100%)

No existe en los informes que elaboró la CNMC sobre el mercado minorista en años anteriores los datos que figuran en el año 2016, expuestos anteriormente, los informes se centran en la viabilidad real de que el consumidor tenga la opción de hacer “switching” y el tiempo en conseguirlo, esto tiene una posible explicación por la diferencia entre el mercado libre y el regulado a favor de este último, en cualquier caso, los datos clave no son accesibles, al menos, en los informes publicados.

Hay que resaltar que, para los artífices de la estrategia de convertir el mercado minorista en libre, la ruta solo podía ser unidireccional, es decir, había solo traslado de consumidores del mercado regulado al liberalizado, no se contemplaba un planteamiento bidireccional, es decir, la vuelta de un consumidor liberalizado al régimen regulado.

Lógicamente, el escenario unidireccional llevaba aparejado que el mercado libre siempre era más competitivo/beneficios para el consumidor y así debería ser en un mercado no oligopolista, caso que no es el español como es bien sabido.

Según el informe mencionado anteriormente del año 2016, en ese año se produjeron una vuelta de consumidores al mercado regulado de más de 270.000 consumidores, siendo en el año 2015 de más de 160.000 cambios

En enero del año 2017 fue cuando se produzco una gran volatilidad del mercado mayorista que incidió en un aumento importante del precio regulado, utilizando la calculadora Lumios que proporciona REE en su web obtenemos los datos siguientes:

RESULTADO (desde 1/12/2016 hasta 31/01/2017 para 1000 KWh.)

P1 (0,139028 €/kWh)       1.390,28 €

Peaje de acceso (10000 kWh X 0,044027 €/kWh)………………….440,27 €

Coste de la energía (10000 kWh X 0,095001 €/kWh)………………………… 950,01 €

RESULTADO (desde 1/12/2015 hasta 31/01/2016 para 1000 KWh.)

P1 (0,112066 €/kWh)        1.120,66 €

Peaje de acceso (10000 kWh X 0,044027 €/kW ………............  440,27 €

Coste de la energía (10000 kWh X 0,068039 €/kWh) ……………………….    680,39 €

Como se puede observar en los resultados anteriores el coste de 1000 KWh de energía eléctrica en el periodo considerado pasó de 680 € a 950 €, es decir, un incremento del 40%

Al día de hoy, la CNMC no ha publicado datos referentes al año en curso, pero sin duda aumentará significativamente el número de consumidores que abandonan el mercado regulado. Es evidente que la cuota del 58% alcanzada por el mercado libre se incrementará, no hace falta emplear recursos de marketing, la contundencia del gasto sobra.

Tal como indicó la CNE, en su día, la vulnerabilidad del pequeño consumidor es total en el sistema eléctrico español, que se ve agravada por la urgencia de eliminar el mercado regulado para el oligopolio o, al menos, reducirlo lo máximo posible.

Nada dice la CNMC sobre el precio fijo anual para el precio regulado, o se regula defendiendo al consumidor o se elimina para evitar ser utilizado en contra de los consumidores por los COR.

Coincido con el profesor Pedro Linares en su artículo titulado: El futuro de la utility cuando indica: “pero algunos futuros son más bien negros para las eléctricas tradicionales y no estaría de más estar preparados “

Los Municipios con Potencial Eólico ante la Repotenciación de sus Parques

Llama la atención el titular aparecido en el diario El País bajo el título de:  Muras, el pueblo con la luz más barata de España gracias a sus molinos

Todo indica que el municipio aludido es singular en cuanto, al menos, sus instalaciones de parque eólicos, los datos que proporciona el citado artículo son:

“Un municipio en el que 668 habitantes conviven con 381 aerogeneradores,.. las empresas que, como Acciona, Iberdrola o Norvento, explotan los 20 parques eólicos enclavados en su territorio”

Toda esa industria de generación eléctrica renovable genera al municipio los siguientes ingresos:

“En las arcas locales de Muras, una localidad con un presupuesto municipal para 2017 de 1,7 millones de euros, entran cada año cerca de 1,5 millones procedentes del negocio del viento. 900.000 euros se ingresan por el IBI y el IAE que se cobra a las eólicas y 535.000 euros se obtienen del Fondo de Compensación”

Las tierras donde se asientan los citados 20 Parque eólicos fueron vendidas de la siguiente forma:

Animados por las Administraciones, relatan desde el gobierno local, los vecinos vendieron a las empresas las tierras donde se plantaron los aerogeneradores a 0,20 euros el metro cuadrado. “Les decían que esas tierras no valían nada y ni siquiera les hablaron de alquilarlas para generar al menos una renta”

Ha llegado la hora y la oportunidad de que los municipios que tienen asentados en su demarcación parque eólicos se beneficien económicamente de la riqueza energética que poseen y, no solo, por la vía de las tasas e impuestos sino también por ser parte interesada y promotora del desarrollo de esa industria en su territorio al ser la fuente energética, en este caso, un bien de todos los ciudadanos de ese municipio.

Las nuevas subastas que se quieren realizar con tanta premura deberían considerar lo anteriormente y ser expuesto en sus pliegos de condiciones, el desarrollo de los entes locales pasa por estas actuaciones, quizás, cabe preguntarse qué papel deberían tener las diputaciones, como el mejor apoyo y asesoramiento para los municipios implicados.

Las relaciones entre el poder económico y el político, dentro del sector energético, deberán buscar un nuevo equilibrio, ya que la entrada de un nuevo agente, el consumidor, con carácter prioritario e impulsor de la denominada transición energética así lo demanda y deberá ser atendido por el poder político.

Solamente basta recordar los siguientes datos:

Iberdrola mantiene su liderazgo como primera empresa por potencia eólica en España, después de que el ejercicio 2016 con 5.576 megavatios (MW) y una cuota de mercado del 24,2%, por delante de Acciona, que tiene 4.267 MW y una cuota del 18,5%.En tercera posición se mantiene EDP Renovables, con 2.255 MW y un peso total del 9,8%, por delante de Enel Green Power España, propiedad 100% de Endesa, con 1.491 MW, y Gas Natural Fenosa Renovables, con 1.215 MW.

Es decir, el lobby Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, EDP) cuatro de las cinco empresas que constituyen Unesa poseen una potencia instalada de:10.537 Mw.,que representa una cuota del 47%. El grado de concentración es muy elevado, al existir en el segundo lugar en cuota de mercado la empresa Acciona con el 18,5%.

No puede existir ninguna duda que revertir la riqueza energética que posee el municipio de Muras en su municipio es el mejor desarrollo posible para el propio municipio, la comarca y la propia región donde se asienta.

La Falta de Transparencia en el Sector Eléctrico ante el Partido en Juego

Las noticias, las intervenciones políticas y la ausencia de información tejen una madeja de especulaciones ante cual es el verdadero partido que está en juego y quiénes son sus protagonistas y qué intereses defienden cada uno de ellos en un sector eléctrico necesitado de una nueva reforma, la realizada en diciembre del 2013  solo sirvió para justificar los parches realizados con el objetivo de apuntalar el denominado déficit eléctrico.

La estrategia energética del actual gobierno explicitada por su actual responsable, el ministro de Energía, se puede sintetizar en: elaboración de una ley del cambio climático y transición energética en convergencia con el paquete de invierno de la Comisión de Energía denominado: Clean Energy for all Europeans, expuesta en su comparecencia en el Congreso con motivo de presentación de su política energética.

La estrategia energética pasa/pasaba por el acuerdo alcanzado por el actual partido en el gobierno de desarrollar un Plan Energético Nacional fruto del consenso.

Nada de lo anterior trasciende a la opinión pública a pesar de su calado económico para el conjunto de la sociedad española, sin embargo, trascienden aspectos como los siguientes:

• Central Nuclear de Garoña, a la espera de la posición del gobierno y con falta de acuerdo entre sus socios, Iberdrola y Endesa, con matrices en el País Vasco e Italia respectivamente.
• Cierre de Centrales Térmicas decididos por el socio mayoritario de Endesa, Enel, en su Sede en Italia.
• Informe de la situación en pérdidas de la empresa de Iberdrola que aglutina todos sus intereses de centrales nucleares en España.
• Exigencia de responsabilidades políticas por la venta, hace diez años, de la empresa Endesa a la italiana Enel por un importe de 40.000 M€.
• Actuaciones de la fiscalía contra Iberdrola en relación con la posición de dominio a finales del año 2013 que ocasionó un cambio en el modelo tarifario entre otras cosas.
• Arbitrajes perdidos por el Estado de España en relación con el cambio de regulación de las subvenciones en el régimen especial y que afectan por su cuantía al equilibrio presupuestario del sistema eléctrico.

Todo lo anterior, pone de manifiesto que los antecedentes que se arrastran en el sector eléctrico no permiten establecer una hoja de ruta con un objetivo de futuro, transparente y participativo para todos los agentes y en especial para el conjunto de los consumidores, tal como se establece en la estrategia europea a la que nos debemos.

Me atrevo a especular que el partido que está en juego en el sector eléctrico español es el del subsector nuclear, la prórroga de los permisos de explotación es de tanta importancia económica para las empresas del lobby eléctrico y, posiblemente, por primera vez sin una posición común, es decir, sin una posición posible de la patronal Unesa, que no haga viable las negociaciones tradicionales que se han venido desarrollando durante ya casi cuatro décadas, eso explicaría el duro ataque del actual responsable del ministerio de Energía hacia la empresa italiana Endesa que trastoca los equilibrios anteriores, apareciendo intereses supranacionales

El Fraude y las Distribuidoras

El pasado fin de semana me vi involucrado en un caso de fraude eléctrico en una segunda vivienda en la costa malagueña, según el esquema que se muestra en la imagen de más arriba. Lo titulan: de doble acometida y queda muy definido mediante el esquema unifilar, es decir, es la derivación desde la red de distribución de la empresa suministradora hacia la edificación o propiedad donde se hará uso de la energía eléctrica. La segunda acometida es la que está conectada de forma irregular sin ningún tipo de control, adquiriendo energía sin pagarla.

En el caso que me ocupó, lógicamente, un tercero se beneficiaba del fraude y nada tenía que ver con el demandante de energía amparado por el contador y la instalación, aguas arribas del mismo, sin embargo, si era el defraudador para la compañía distribuidora, recibiendo una carta en el que según el artículo 87 del RD 1555/2000 se le facturaba una cantidad que en caso de impago motivaría el corte del suministro.

Desde el aspecto legal nos encontraríamos ante una situación similar a una sentencia dictada por un tribunal del siguiente tono:

 ” Se acepta la calificación jurídica que de los hechos probados se realiza en la instancia, pues si bien los hechos probados acreditarían la comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico previsto y penado en el artículo 255 del Código Penal no ha quedado acreditado que el acusado realizara manipulación alguna, y que, además, tuviera el más mínimo conocimiento de que existiera tal manipulación…..

El delito de defraudación de fluido eléctrico es un delito doloso, es decir la manipulación de los aparatos contadores tiene que ser realizada por el propio acusado, o que éste hubiera ordenado realizar la manipulación a persona cualificada, para lucrarse por la realización de esa manipulación, para que los contadores marcaran menos del consumo real.

En el presente caso, el propio acusado desconocía que existiera tal manipulación, desconocía quién pudo realizarla y desconocía que existieran diferencias contables en los recibos como para llamarle la atención de que se facturaba menos del consumo de electricidad que el realmente realizado.

En Derecho Penal no puede condenarse por presunciones, y aun existiendo indicios, es preciso que éstos sean varios, que sean incriminatorios, y que de la investigación realizada se puedan imputar al que resultara ser autor, por abarcar su autor el dominio del hecho….”

Desde el aspecto técnico, que es el más interesante para mi valoración, es el siguiente:

En la doble acometida, el punto de conexión, se produce antes de contador y, por lo tanto, en propiedad de la compañía distribuidora, responsable del funcionamiento y mantenimiento de la misma y, por lo tanto, el fraude se está produciendo en sus instalaciones y nada tiene que ver con el propietario del contador y del contrato del suministro, salvo que sea acusado de ser el defraudador. 

En este caso, al no conocerse el defraudador, el responsable de causar un perjuicio al conjunto de los consumidores eléctricos que son los que pagan el fraude es la propia compañía distribuidora que debería correr con los perjuicios y sanciones que se hayan establecido.

Como es bien sabido: “no se puede ser juez y parte” y menos en el caso de monopolio natural. Una razón de más para incidir en el cambio legal del GESTOR DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, como vengo defendiendo, es inaceptable las situaciones que se producen por actuaciones fuera del orden legal existente.

Sector Energético: Via Editorial y Carta Abierta

Trascribo a continuación el editorial del diario El País del domingo 9.04.2017 titulado:Riesgo Limitado, dada su importancia merece tenerlo archivado para su utilización.

"Los mercados energéticos (gas y carburantes, electricidad) en España operan en un régimen de oligopolio intensivo e indisimulado. Son muy pocas las empresas que controlan todas las fases del negocio, desde la producción hasta la distribución. Esta estructura del mercado no se ha puesto significativamente en cuestión desde 1982; a lo sumo, a mediados de los 90 se tomó la decisión de liberalizar los precios de los carburantes y la administración Aznar adoptó una decisión regresiva en lo que respecta a la electricidad cuando la ley de 1998 situó la electricidad como un bien de carácter esencial, en lugar de considerarla como un servicio público. En resumen, carburantes y electricidad son mercados rígidamente controlados por un conjunto de macroempresas con diversos grado de eficiencia que, en la práctica, prestan escasa atención a los consumidores, relegados además por el Gobierno a la categoría de fondo sin relieve cuya única función es soportar la carga de una tarifa eléctrica regulada y de variaciones de precios de los combustibles que no acaban de comprender. Mucha atención a la salud de las corporaciones, nulo interés por los clientes.

Desde 1996 los responsables de energía de los gobiernos se han comportado como si su objetivo principal fuese el de garantizar que las empresas energéticas se mantengan en perfectas condiciones para que ninguna variación regulatoria afecte a su cotización. Incluso las torpes disposiciones fiscales del ministro Soria, esparciendo minitributos por toda la actividad eléctrica para cauterizar de mala manera el déficit de tarifa, carecieron de efecto en los mercados, porque los inversores bien sabían que una gran parte de esos impuestos acabarían pagándolos los consumidores. Sí, no hay duda de que los mercados energéticos están acorazados por una regulación bien entrenada y dirigida. Hay que garantizar el suministro energético y las empresas existentes tienen que constituirse en garantía (barrera a empresas extranjeras) de que la energía española responde a intereses autónomos. Los consumidores están a la intemperie y no se advierte el modo de que dejen de estarlo algún día.

Pero si la regulación está al servicio de una idea energética (campeones nacionales, evitar el daño a la cotización), el negocio energético se ha visto afectado por la aparición de nuevos jugadores y algún signo de fatiga empresarial. Al pie de las grandes bulle un revuelo de compañías, de tamaño relativo medio o pequeño, que buscan un lugar al sol en la trama energética con avidez por la inversión en renovables. Así se organizó una burbuja inversora (con la complicidad de la Administración, entonces de Zapatero, incapaz de comprender que quien paga las subvenciones públicas tiene que ser el mismo que decide cuantas y a quien se conceden). Por otra parte, la configuración accionarial de las grandes energéticas españolas se cosió en momentos de crisis con incorporaciones incentivadas. De ahí que el grado de compromiso industrial de algunos accionistas sea perfectamente descriptible.

Las oportunidades de rentabilidad son evidentes. Los fondos de inversión entienden que, tanto en lo que se refiere a inversiones medias en empresas de renovables como las participaciones significativas, pero no mayoritarias, en las grandes (en Gas Natural, por ejemplo) la ganancia es de las más seguras que pueden encontrarse hoy. Por dos razones básicas, conocidas ya desde que Zapatero vendió la ilusión de progreso tecnológico en España a través de la energía. La primera es que la energía es un mercado regulado; su riesgo es limitado y su rentabilidad está prácticamente tasada. La segunda es que el progreso de los mercados energéticos se orienta hacia la utilización intensiva de la tecnología (eólica, termosolar), una senda que sugiere rentabilidades elevadas en el futuro. Habrá más operaciones de renovables en el futuro; no es una veta agotada."

Los subrayados son míos.

Se hace oportuno tener, también, en cuenta la carta abierta que 24 personas conocidas del sector energético remiten al actual Presidente de Gobierno en relación de una futura ley de: Cambio Climático y Transición Energética:

«Creemos que el proceso de elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y de Transición Energética es una oportunidad económica, social y medioambiental para España. Es un momento de retomar la iniciativa y liderazgo para España y las empresas españolas en sectores de crecimiento y empleo como las energías y tecnologías limpias y la eficiencia energética, y para proteger y poner en valor los activos medioambientales de nuestro país que todos nuestros ciudadanos disfrutan y comparten.

España se enfrenta a grandes retos en materia energética: la descarbonización de la economía, la reducción de contaminantes atmosféricos convencionales, la creación de señales adecuadas de precios, la cultura de ahorro y eficiencia que facilita la asequibilidad del gasto energético por las familias o la competitividad de la industria, y la mejora en la seguridad energética.

En este momento conviene recordar un verso de los Proverbios: “El que no tiene visión, perece”. Es imprescindible que en un momento de grandes cambios e incertidumbres en el sector energético utilicemos la oportunidad de una transición energética, en el contexto de una ley de cambio climático, para crear una visión a largo plazo, que ayude a evolucionar en la dirección adecuada a nuestro sistema energético, sin abandonarlo a la coyuntura política o a las señales de mercado de corto plazo. Este ejercicio debe ser compartido y participado por todos los agentes sociales, y dirigido por el Gobierno, en busca del consenso más amplio posible, de forma que ofrezca estabilidad a los inversores, tranquilidad a los consumidores, y oportunidades a las generaciones futuras.

No estamos solos. No tenemos que reinventar todos los componentes de nuestra transición energética. Podemos seleccionar e utilizar los mejores ejemplos de países de nuestro entorno, adecuándolos para nuestro país con el apoyo de un pacto político favorable, y trabajando sobre la propuesta europea de facilitar “Energía limpia para todos los europeos”.

Por todo ello, consideramos que es el momento de poner en marcha una transición energética justa, que beneficie a todos, basada en sólidos principios técnicos, económicos y regulatorios. No debemos retrasar más el momento de acordar entre todos qué visión tenemos para nuestro futuro energético y, a partir de ahí, qué modelo tecnológico y regulatorio necesitamos para llevarla a cabo.

Creemos que una transición energética justa y sólida para todos los españoles debe incluir el plantearnos, y responder a las siguientes cuestiones

1. ¿Cuál debe ser el papel de la demanda? 

Aunque la planificación energética típicamente se ha ocupado de la oferta, es fundamental incorporar a la demanda y el rol del consumidor, y las posibilidades de ahorro y gestión que una transición energética puede ofrecerle. En particular:

• ¿Cómo descarbonizamos la movilidad de personas y mercancías, y nuestros edificios antes de 2050?

• ¿Cómo incentivamos el ahorro de energía en el transporte y en los edificios?

• ¿Cómo construimos edificios con un consumo energético neto casi nulo?

• ¿Cómo reducir las emisiones en la industria, a la vez que preservamos su competitividad?

2. ¿Cómo descarbonizamos la generación de energía?

• ¿Cómo promoveremos la utilización de energías sin emisiones de carbono?

• ¿Cómo aprovechar la descarbonización para mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades?

• ¿Cómo gestionamos el abandono del carbón?

• ¿Cómo gestionamos el papel del gas, y en particular sus infraestructuras, en esta transición?

• ¿Qué sistema de mercado eléctrico es compatible con un parque de generación con alta penetración de energías variables?

• ¿Debemos extender la vida útil de las nucleares?

• ¿Cómo gestionar el impacto a los sectores y consumidores más afectados?

3. ¿Cómo creamos un marco regulatorio y fiscal que nivele el terreno de juego en el sector energético y en la economía y permita que las distintas tecnologías de oferta y demanda se desarrollen según su mérito?

4. ¿Qué papel debe jugar España en la innovación energética global?

5. ¿Cómo erradicamos la pobreza energética?

6. ¿Cómo debe contribuir España al acceso universal a la energía?

7. ¿Cómo reformar la fiscalidad para colaborar en los fines citados?

8. ¿Cómo facilitar la financiación de la transición energética?

Creemos que el Gobierno debe liderar ya un proceso participativo, informado técnicamente y contrastado con las opiniones de la sociedad, que genere respuestas a estas preguntas, y los costes y beneficios tanto económicos como medioambientales y sociales que cada una implica».

Firmado por

Luis Atienza, Juan Luis López Cardenete, Carmen Becerril, Vicente López Ibor, Antonio Carbajal, Mariano Marzo, Alberto Carbajo, Ignacio Pérez Arriaga,

Jordi Dolader, Isabel Reija, Nemesio Fernández Cuesta, Teresa Ribera, José Luis García Ortega, David Robinson, Tomás Gómez San Román, Cote Romero,

Enrique González, Peter Sweatman, Joaquín González-Blas, Federico Vallés, Javier González Juliá, Víctor Viñuales, Pedro Linares, Heikki Willstedt

Una Estrategia de Clima y Energía para los Ciudadanos

Hoy, 09/03/2017, se publica en la Tribuna del diario El País, un artículo bajo el título: Una estrategia de energía y clima, escrito por Luis Atienza, ex presidente de REE. 

El artículo tiene un resumen con el siguiente texto:

No basta con que el Gobierno presente un proyecto de ley de cambio climático y transición energética; hay que actuar sobre el urbanismo, invertir en renovables y desarrollar redes de interconexión, para favorecer la competitividad y el empleo

A pesar de la experiencia del articulista, no aborda dos aspectos de mucha actualidad y ambos relacionados con su anterior responsabilidad en REE, uno es, la posición de la UE en relación con REE, acciones de oro, y, el otro, es la denuncia hecha en sede parlamentaria por la diputada Sra. Rodríguez del Grupo Ciudadanos en relación a los beneficios que viene obteniendo REE, aspectos imprescindibles de abordar en una próxima reforma eléctrica.

Cabe preguntarse, lícitamente, debido a su trayectoria, si el Sr. Atienza está alineado con el denominado oligopolio, o bien, por las razones que sean, defiende en su “tribuna” del diario El País, otra posición y, por lo tanto, contraria al mantenimiento del oligopolio, cuestión clave a la hora de fijar los objetivos de una nueva reforma del sistema eléctrico. Recordemos que durante su presidencia en REE se produzco la venta de Endesa a Enel y, así mismo, se elaboró el "libro blanco" sobre la Generación Eléctrica dirigido por el profesor Arriaga de tan nulo resultado practico.

Quizás, pueda resumirse el escrito en la petición que se sugiere en el mismo:

Una Comisión Nacional de Energía y Clima, impulsada por el Gobierno al máximo nivel, para asegurar el impulso político y la coordinación de las diferentes áreas competenciales, en la que participen otras administraciones y expertos independientes, podría encargarse de elaborar una propuesta de Estrategia de Energía y Clima a 2050, coherente con los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, y un Plan de Energía y Clima a 2030 acorde con nuestros compromisos en el marco de la UE.

En relación con lo anterior, cabe recordar la existencia de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados que elaboró el documento siguiente:

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA ESPAÑOLAPARA LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS y que al día de hoy no ha tenido ningún resultado al no gozar del necesario consenso.

Quizás pueda verse complementado el alineamiento del expresidente de REE en el último párrafo de su escrito:

Para un país como el nuestro, pobre en recursos fósiles, con abundante recurso renovable y apreciable capacidad tecnológica en este campo, el consenso sobre una transición energética ordenada y ambiciosa constituye una gran oportunidad de crecimiento, empleo y calidad de vida.

Para conseguir lo anterior es necesario el encuentro de un equilibrio entre los diferentes agentes y tal como nos indica Europa, en el que prevalezcan los intereses de los consumidores y, mejor, que prevalezcan los interese de los ciudadanos.

El mercado mayorista eléctrico en el mes de enero 2017

Parece una obligación repasar los datos del sistema eléctrico durante el pasado mes de enero y compararlo con los datos de enero 2016, y el motivo, como es bien sabido, no es otro que un incremento de los precios en el mercado diario que han sido espectaculares. Lo más práctico, ante la situación dada, es analizar los resultados mensuales que son como consecuencia de los procedimientos existentes y de su aplicación correcta. Los resultados mensuales los podemos concretar en: la energía demandada, el coste mensual total y el  mix mensual, siendo esas variables comparables con el mismo mes del año anterior como mejor referencia.

Las fuentes utilizadas han sido los dos boletines mensuales correspondientes a: REE y OMIE, Boletín Mensual enero2017 y Evolución del mercado de energía eléctrica. Enero, respectivamente.

Durante el mes de enero se ha producido un incremento muy significativo de los precios de la energía eléctrica en el mercado diario que han sido justificados a nivel político por las siguientes causas: disminución de la generación por fuentes hidráulica y eólica; saldo positivo de las exportaciones a Francia; volatilidad mercado del gas; incremento de la demanda.

Con los datos que figuran en los boletines mencionados podemos cuantificar las causas anteriores y cuantificar, también, el impacto en los ingresos mensuales del mercado al precio final.

Utilizando los datos del mismo mes del año anterior y comparándolos con el mes de enero 2017, poseeremos una mejor visión para el análisis.

El gráfico anterior, resume cual fue el desarrollo del mercado diario en enero 2017 que supuso un incremento de nada menos que del 95,7% con respecto al mismo mes de 2016.

En el gráfico siguiente, se puede observar la evolución diaria del precio del mercado diario, precio máximo, mínimo y la media diaria.

En los dos cuadros siguientes, podemos ver el desglose de los precios finales correspondientes a enero 2016/2017

El precio final, demanda nacional, fue de 47,59 €/MWh en enero 2016 y de: 81,69 €/MWh en 2017, con un reparto desigual del peso de cada una de los componentes del precio final.

Las causas que justifican tales incrementos deberían ser el mix de generación y la cantidad demandada, ambos datos se pueden ver en los siguientes cuadros.

ENERO 2016

ENERO 2017

En cuanto al mix de generación, se observa en su comparación con el mismo mes del año anterior, un descenso en hidráulica y eólica de 10 puntos y un incremento de 15 puntos en carbón.

Por lo tanto, los precios en el mercado diario, los precios finales, el mix de generación y la demanda han proporcionado los siguientes ingresos:

Enero 2016 (BOLETIN OMIE)

Enero 2017 (BOLETIN OMIE)

Recogiendo el dato del volumen económico que nos proporcionan los boletines de OMIE del mes de enero 2017 y 2016 que son: 1880 M€ y 1017 M€ respectivamente, es decir:  863 M€. de diferencia entre ambos meses.

Resumiendo: la aplicación de los procedimientos actualmente existentes en el sistema eléctrico ha ocasionado una diferencia de ingresos de: 863 M€ (85%) entre los meses de enero de los años 2016/2017, motivado por un incremento de la demanda de: 1.688 GWh (7%) y un mix energético que se caracteriza  por un incremento de la generación térmica (carbón y ciclos combinados) de: 3.838 GWh (21%) enero 2017/2016 y una disminución de las importaciones de: 827 GWh (45%) en enero 2017

Como es obvio, se hace necesario una profunda revisión de los procedimientos actuales y no de su aplicación para que se produzcan unos resultados que puedan ser asumibles por los agentes demandantes de energía eléctrica.

GAROÑA, SU FUTURO DENTRO DEL PACTO DE LA ENERGIA

Las lagunas existentes en el sector energético son más transparentes a la hora de tomar decisiones que afectan al sistema, más que al hecho concreto sobre el que se decide. Esto se está haciendo muy evidente en el caso de la central nuclear de Garoña que lleva en el limbo de la decisión de su continuidad desde el año 2011, año en el que se cumplía 40 años de funcionamiento, que fueron los años para los que se diseñó la citada central.

Cualquier decisión que se tome al margen de la necesaria estrategia energética será parcial y sujeta, como ya es costumbre, a revisión, dado la falta de consenso y de un pacto político de referencia.

Dada la situación en la cúpula política del CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, dada la situación de un posible pacto político energético, dada la situación ideologizada de la tecnología nuclear y dado, también, la posición adoptada por Nuclenor, empresa propiedad de las dos principales empresas del actual oligopolio eléctrico, cualquier decisión debería aplazarse hasta que el Pacto se alcanzara, cualquier decisión unilateral, en este caso, debería tener un respuesta muy contundente dado lo que se encuentra en juego.

El CSN aprobó, el 8/02/2017, la reapertura de la central de Santa María de Garoña hasta alcanzar los 60 años de vida útil (2031) bajo el cumplimiento de 10 condiciones.

Posiblemente, una decisión sin un consenso imposibilitaría el Pacto sobre la Energía que es la posición totalmente mayoritaria y, además, pactada como condición política para mantener la actual legislatura.

La situación ha llegado a tal punto que hace imposible seguir transitando por la ruta trazada, en efecto, una decisión política unilateral o consensuada de continuidad no tendría consecuencias reales, ya que, estaría condicionada por la decisión última del propietario de la Central de Garoña que podría declinar su apertura por cuestiones de rentabilidad.

En este punto, conviene recordar uno de los hechos más ilegales que han acontecido en el sistema eléctrico: el cierre unilateral y sin autorización para el desenganche del sistema eléctrico de la Central de Garoña, ocurrido en diciembre del 2012 y que fue objeto de una multa, por parte de la CNMC, de 18 M€ y de una sentencia de una dureza extrema que no tuvo consecuencias penales, a pesar de las calificaciones hacia los propietarios de la central muy graves por la  ilegalidad que supuso su parada por decisión unilateral de Nuclenor.

Paradójicamente, aquellos que tomaron aquella decisión, se les pondría en la posición de poder tomar la decisión contraria a la que ilegalmente tomaron y sobre la base de sus intereses, no debería permitirse esta “hoja de ruta” aunque fuera únicamente por defensa del interés general y, por lo tanto, defensa de los valores que emanan de nuestra constitución.

Como lo anterior se desvía de la lógica, nos debemos encontrar ante una situación más compleja y no transparente a la opinión pública y que ha sido, en parte, apuntada por algún medio, como que se quiera dar una definición global a la energía nuclear, sobre la base, de lo que acontezca con la central de Garoña, es decir, pactar el devenir del resto de centrales existentes en nuestro país.

Lo anterior es muy plausible, dada la posición que mantienen las propietarias: “las inversiones necesarias no hacen rentable la apertura incluso que el alargamiento a 60 años de la visa útil de la central.

Por lo tanto, quizás, no estaríamos hablando de la central de Garoña sino de pactar para el conjunto de las centrales nucleares existentes un alargamiento de su vida útil hasta los 60 años.

Así como, Garoña tiene un impacto económico reducido no es el caso de toda la energía eléctrica nuclear que se genera anualmente, sin Garoña, en el año 2016 supuso 55.546 GWh, que representa el 22% del total generado y que a un precio medio anual de 40€/MWh supondría un volumen económico de: 2.200 M€ y, posiblemente, los beneficios antes de impuestos, caídos del cielo, podría estar en el entorno de, al menos, 1.200 M€., para tener una referencia aproximada de lo que está en juego, simplemente multipliquemos las cantidades anteriores por 20 años, de eso estamos hablando.

---