En el último Consejo de Europa de
los días 23 y 24 de octubre se estableció el Marco de Actuación en Materia de
Clima y Energía hasta el Año 2030. En
febrero de 2014 el Parlamento Europeo había fijado los siguientes objetivos:
30% en el uso final de fuentes
renovables; 30% en eficiencia energética y 40% en la reducción de emisión de
CO2 a la atmósfera.
Como es sabido, los mismos
objetivos para el año 2020 son los conocidos como el triple 20%, el Consejo
fijó finalmente los objetivos para el 2030 en los niveles de: 27% en
renovables; 25% en eficiencia y, por último, del 40% en emisiones con relación
al año 1990.
La reducción de tres y cinco puntos porcentuales que ha establecido el
Consejo en relación con los fijados por el Parlamento no son insignificantes,
para referenciarlos sobre los consumos finales del año 2012 de los 28 miembros
que fue de: 1.104.480 ktep el 3% supondría: 33.134 ktep, es decir,
prácticamente el consumo final de Suecia o prácticamente el doble del consumo
de Portugal, cantidades, por tanto, no desdeñables.
Ante el parón que se ha
registrado en España durante los últimos tres años en materia de eficiencia
energética y renovable, ha resultado muy llamativo el posicionamiento español
de condicionar los objetivos citados a la consecución de unas interconexiones reales
del 10% para el año 2020 que ya fueron fijadas como objetivo en el año 2002 y
que ahora se ampliarían al 15% para el año 2030.
Resolver “el caso Ibérico” tal
como se conoce a la posición de isla energética que tienen ambos países es
crítico para la consecución del Mercado de la Energía Europeo, pero no se
debería desligar de los objetivos fijados en la estrategia energética y, en
concreto, los objetivos de renovables en países del sur de Europa con mayor potencial
que el resto en tecnologías como la solar.
A falta de concreciones que no se
fijan en los comunicados realizados desde Europa, los medios indican que España
ha conseguido compensaciones, por su bajo nivel de interconexiones, que se
traducirían en objetivos menores para la
reducción de emisiones de CO2 y para la producción de renovables. España,
además, se beneficiaría de un número
mayor de derechos gratuitos de emisiones para repartir entre la industria
afectada.
De ser cierto lo anterior, según
nuestro criterio, y a expensas de conocer la posición política y de los
diferentes agentes del sector estaríamos ante una posición unilateral del
gobierno actual que rompería con posibles consensos en el campo energético e
imposibilitaría la tan reclamada estrategia energética que no fuera cambiante
con los cambios de administración.
En la comparecencia del
Secretario de Estado para la Unión Europea en el Parlamento el pasado miércoles
22 de octubre nada comentó sobre una posible reducción de los objetivos
energéticos para España en función de su bajo nivel de interconexión, habrá que
esperar a la comparecencia en el Parlamento del Presidente del Gobierno para
informar de la reunión y de la posición que adopten el resto de grupos, es desde
luego, un asunto de primer orden en el ámbito energético.
