Es muy posible, que la parte de
la energía que corresponde al Minetur se pueda dar por cerrada en esta
legislatura. Habrán pasado cuatro años y bueno sería empezar a diseñar, por los
que corresponda, un nuevo periodo para el sector de la energía. La sociedad
civil, ante la crisis institucional que vivimos, debiera ocupar el papel de protagonista
y, por lo tanto, proponer y/o apoyar lo que considere que debería cubrir sus
expectativas tanto desde el lado de la demanda como de la oferta.
El anterior periodo se cerró con
la ley que simplifica la conexión de la pequeña generación a la red eléctrica y
el compromiso de regular el “balance neto” En el tintero se quedó la anunciada
ley: De eficiencia energética y energías renovables y, también, como no, una
solución al déficit tarifario.
El actual periodo empezaba con un
documento de referencia: PROPUESTAS PARA UNA ESTRATEGIA ENERGÉTICA NACIONAL
(2011) que posteriormente fue cambiado por un segundo documento: PROPUESTAS
PARA UNA ESTRATEGIA ENERGÉTICA NACIONAL (Junio 2013), donde se dio un giro a la
posición reflejada en el primer documento y que se puede sintetizar con el
siguiente párrafo:
A pesar de que los gobiernos de 2004-2011 eludieron el debate energético
abierto, se ha producido en los últimos años un cierto debate espontáneo aunque
limitado, más centrado en el sector eléctrico, por los numerosos problemas
urgentes que reclaman solución: déficit de tarifa, cierre de centrales
nucleares, coste de las energías renovables, entre otros. Sin embargo, estos problemas
urgentes son el reflejo de la ausencia de una estrategia energética nacional
cuyas raíces vienen de muy atrás.
Desde la gran mayoría de foros se
ha demandado la obligación de definir una Estrategia Energética que no han sido
capaces ni de implementar ni de pactar los actuales responsables de este área.
Hemos tenido dos secretarios de
energía y total dedicación para buscar una solución al déficit eléctrico, ante
la falta de una estrategia energética han dedicado todo el esfuerzo
administrativo y político en solucionar el desequilibrio económico del sector
eléctrico y, quizás también, en poner en marcha posibles yacimientos de fuentes
fósiles.
Se inició una reforma fiscal
verde, se promulgó una nueva ley del sector eléctrico, se eliminaron las
subastas Cesur y, hasta, se indexó el precio de la energía eléctrica regulada
con el mercado mayorista, sin haberlo reformado previamente, también, desapareció
la CNE al integrarse en la CNMC y se nombraron nuevos responsables en el
organismo regulador.
Hemos carecido de lo más
importante y lógico: Una Estrategias Energética Nacional consensuada, acorde
con la estrategia europea y con un alcance amplio (2020/2030/2050) a semejanza
de los hitos europeos.
Está en marcha la aprobación en
el Congreso, mediante el ya famoso real decreto 8/2014 parte de la trasposición
de la directiva de eficiencia energética, sin darle ninguna importancia ni
trascendencia para el sector, en línea con el voto negativo a la aprobación de
la directiva. Aparecen los denominados “certificados blancos” herramienta de
utilidad económica para el desarrollo de las políticas medioambientales y de
eficiencia impulsadas desde Bruselas y que no han están teniendo la difusión en
el sector que se merecen.
Hay que ponerse en marcha, de
nada sirven las lamentaciones y de algo debería servir las lecciones
aprendidas, algunos lo vieron tarde, han corregido y no han tenido la respuesta
que el país viene demandando que no es otra que se permita el desarrollo de
nuevas iniciativas que creen riqueza y, por lo tanto, más empleo que permita
avanzar en la consecución del interés general.
