Trascribo a continuación el editorial del diario El País del domingo 9.04.2017 titulado:Riesgo Limitado, dada su importancia merece tenerlo archivado para su utilización.
"Los mercados energéticos (gas y carburantes, electricidad) en España operan en un régimen de oligopolio intensivo e indisimulado. Son muy pocas las empresas que controlan todas las fases del negocio, desde la producción hasta la distribución. Esta estructura del mercado no se ha puesto significativamente en cuestión desde 1982; a lo sumo, a mediados de los 90 se tomó la decisión de liberalizar los precios de los carburantes y la administración Aznar adoptó una decisión regresiva en lo que respecta a la electricidad cuando la ley de 1998 situó la electricidad como un bien de carácter esencial, en lugar de considerarla como un servicio público. En resumen, carburantes y electricidad son mercados rígidamente controlados por un conjunto de macroempresas con diversos grado de eficiencia que, en la práctica, prestan escasa atención a los consumidores, relegados además por el Gobierno a la categoría de fondo sin relieve cuya única función es soportar la carga de una tarifa eléctrica regulada y de variaciones de precios de los combustibles que no acaban de comprender. Mucha atención a la salud de las corporaciones, nulo interés por los clientes.
Desde 1996 los responsables de energía de los gobiernos se han comportado como si su objetivo principal fuese el de garantizar que las empresas energéticas se mantengan en perfectas condiciones para que ninguna variación regulatoria afecte a su cotización. Incluso las torpes disposiciones fiscales del ministro Soria, esparciendo minitributos por toda la actividad eléctrica para cauterizar de mala manera el déficit de tarifa, carecieron de efecto en los mercados, porque los inversores bien sabían que una gran parte de esos impuestos acabarían pagándolos los consumidores. Sí, no hay duda de que los mercados energéticos están acorazados por una regulación bien entrenada y dirigida. Hay que garantizar el suministro energético y las empresas existentes tienen que constituirse en garantía (barrera a empresas extranjeras) de que la energía española responde a intereses autónomos. Los consumidores están a la intemperie y no se advierte el modo de que dejen de estarlo algún día.
Pero si la regulación está al servicio de una idea energética (campeones nacionales, evitar el daño a la cotización), el negocio energético se ha visto afectado por la aparición de nuevos jugadores y algún signo de fatiga empresarial. Al pie de las grandes bulle un revuelo de compañías, de tamaño relativo medio o pequeño, que buscan un lugar al sol en la trama energética con avidez por la inversión en renovables. Así se organizó una burbuja inversora (con la complicidad de la Administración, entonces de Zapatero, incapaz de comprender que quien paga las subvenciones públicas tiene que ser el mismo que decide cuantas y a quien se conceden). Por otra parte, la configuración accionarial de las grandes energéticas españolas se cosió en momentos de crisis con incorporaciones incentivadas. De ahí que el grado de compromiso industrial de algunos accionistas sea perfectamente descriptible.
Las oportunidades de rentabilidad son evidentes. Los fondos de inversión entienden que, tanto en lo que se refiere a inversiones medias en empresas de renovables como las participaciones significativas, pero no mayoritarias, en las grandes (en Gas Natural, por ejemplo) la ganancia es de las más seguras que pueden encontrarse hoy. Por dos razones básicas, conocidas ya desde que Zapatero vendió la ilusión de progreso tecnológico en España a través de la energía. La primera es que la energía es un mercado regulado; su riesgo es limitado y su rentabilidad está prácticamente tasada. La segunda es que el progreso de los mercados energéticos se orienta hacia la utilización intensiva de la tecnología (eólica, termosolar), una senda que sugiere rentabilidades elevadas en el futuro. Habrá más operaciones de renovables en el futuro; no es una veta agotada."
Los subrayados son míos.
Se hace oportuno tener, también, en cuenta la carta abierta que 24 personas conocidas del sector energético remiten al actual Presidente de Gobierno en relación de una futura ley de: Cambio Climático y Transición Energética:
«Creemos que el proceso de elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y de Transición Energética es una oportunidad económica, social y medioambiental para España. Es un momento de retomar la iniciativa y liderazgo para España y las empresas españolas en sectores de crecimiento y empleo como las energías y tecnologías limpias y la eficiencia energética, y para proteger y poner en valor los activos medioambientales de nuestro país que todos nuestros ciudadanos disfrutan y comparten.
España se enfrenta a grandes retos en materia energética: la descarbonización de la economía, la reducción de contaminantes atmosféricos convencionales, la creación de señales adecuadas de precios, la cultura de ahorro y eficiencia que facilita la asequibilidad del gasto energético por las familias o la competitividad de la industria, y la mejora en la seguridad energética.
En este momento conviene recordar un verso de los Proverbios: “El que no tiene visión, perece”. Es imprescindible que en un momento de grandes cambios e incertidumbres en el sector energético utilicemos la oportunidad de una transición energética, en el contexto de una ley de cambio climático, para crear una visión a largo plazo, que ayude a evolucionar en la dirección adecuada a nuestro sistema energético, sin abandonarlo a la coyuntura política o a las señales de mercado de corto plazo. Este ejercicio debe ser compartido y participado por todos los agentes sociales, y dirigido por el Gobierno, en busca del consenso más amplio posible, de forma que ofrezca estabilidad a los inversores, tranquilidad a los consumidores, y oportunidades a las generaciones futuras.
No estamos solos. No tenemos que reinventar todos los componentes de nuestra transición energética. Podemos seleccionar e utilizar los mejores ejemplos de países de nuestro entorno, adecuándolos para nuestro país con el apoyo de un pacto político favorable, y trabajando sobre la propuesta europea de facilitar “Energía limpia para todos los europeos”.
Por todo ello, consideramos que es el momento de poner en marcha una transición energética justa, que beneficie a todos, basada en sólidos principios técnicos, económicos y regulatorios. No debemos retrasar más el momento de acordar entre todos qué visión tenemos para nuestro futuro energético y, a partir de ahí, qué modelo tecnológico y regulatorio necesitamos para llevarla a cabo.
Creemos que una transición energética justa y sólida para todos los españoles debe incluir el plantearnos, y responder a las siguientes cuestiones
1. ¿Cuál debe ser el papel de la demanda?
Aunque la planificación energética típicamente se ha ocupado de la oferta, es fundamental incorporar a la demanda y el rol del consumidor, y las posibilidades de ahorro y gestión que una transición energética puede ofrecerle. En particular:
• ¿Cómo descarbonizamos la movilidad de personas y mercancías, y nuestros edificios antes de 2050?
• ¿Cómo incentivamos el ahorro de energía en el transporte y en los edificios?
• ¿Cómo construimos edificios con un consumo energético neto casi nulo?
• ¿Cómo reducir las emisiones en la industria, a la vez que preservamos su competitividad?
2. ¿Cómo descarbonizamos la generación de energía?
• ¿Cómo promoveremos la utilización de energías sin emisiones de carbono?
• ¿Cómo aprovechar la descarbonización para mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades?
• ¿Cómo gestionamos el abandono del carbón?
• ¿Cómo gestionamos el papel del gas, y en particular sus infraestructuras, en esta transición?
• ¿Qué sistema de mercado eléctrico es compatible con un parque de generación con alta penetración de energías variables?
• ¿Debemos extender la vida útil de las nucleares?
• ¿Cómo gestionar el impacto a los sectores y consumidores más afectados?
3. ¿Cómo creamos un marco regulatorio y fiscal que nivele el terreno de juego en el sector energético y en la economía y permita que las distintas tecnologías de oferta y demanda se desarrollen según su mérito?
4. ¿Qué papel debe jugar España en la innovación energética global?
5. ¿Cómo erradicamos la pobreza energética?
6. ¿Cómo debe contribuir España al acceso universal a la energía?
7. ¿Cómo reformar la fiscalidad para colaborar en los fines citados?
8. ¿Cómo facilitar la financiación de la transición energética?
Creemos que el Gobierno debe liderar ya un proceso participativo, informado técnicamente y contrastado con las opiniones de la sociedad, que genere respuestas a estas preguntas, y los costes y beneficios tanto económicos como medioambientales y sociales que cada una implica».
Firmado por
Luis Atienza, Juan Luis López Cardenete, Carmen Becerril, Vicente López Ibor, Antonio Carbajal, Mariano Marzo, Alberto Carbajo, Ignacio Pérez Arriaga,
Jordi Dolader, Isabel Reija, Nemesio Fernández Cuesta, Teresa Ribera, José Luis García Ortega, David Robinson, Tomás Gómez San Román, Cote Romero,
Enrique González, Peter Sweatman, Joaquín González-Blas, Federico Vallés, Javier González Juliá, Víctor Viñuales, Pedro Linares, Heikki Willstedt
No hay comentarios:
Publicar un comentario