Según ha trascendido, el Ministro
Soria se reunió, el pasado jueves 28 de noviembre, con los cinco Presidentes de
las eléctricas para notificarles el alcance del déficit del presente año que
supondrá no menos de 3.600 M€ al no hacer frente la administración a las
cantidades previstas en las cuentas de los costes fijos del sistema que
ascienden a una cantidad que supera los 20.000 M€.
Por otra parte, se ha dado a
conocer que Iberdrola se ha acogido a la medida de revalorización de activos
del Ministerio de Hacienda que ha consistido en un incremento de los activos
por un importe, de nada menos, 6.323 M€ que le supuso pagar una tasa de 316 M€
y le supondrá un ahorro fiscal de 1.854 M€.
Por otra parte, se ha conocido
que durante el año 2012 se procedió al corte del suministro eléctrico a 1,4
millones de abonados por falta de pago, desconociéndose más desagregación de
éste dato al no ser transparente. Esta información se relaciona con la
situación de pobreza energética que afecta a un número apreciable de hogares y
que se ha ido agravando por, al menos, dos razones: la disminución de renta de
los hogares y las importantes subidas de los precios de los
servicios.
Según reclama un importante
medio: “Romper la presión de los precios monolíticos y crecientes sobre las
rentas menguantes es condición inexcusable para la recuperación económica. Los
mercados de servicios deben liberarse de verdad y no sobre el papel. Y, desde
luego, hay que encontrar soluciones comunitarias, acuerdos con las compañías
suministradoras sobre todo, para evitar que haya familias que queden prácticamente
a la intemperie en invierno, con las viviendas oscuras y sin calefacción.
Aunque ni el Ministro ni el
Ministerio hayan informado del alcance de la reunión con los Presidentes de las
cinco empresas de Unesa, se puede asegurar sin riesgo a errar que los cortes de
suministro y los efectos de la pobreza energética a causa de la elevación de
precios y la falta de competitividad en el mercado minorista haya sido tratado
y, por supuesto, aún menos el regular el autoconsumo con un criterio europeo y
no en defensa del oligopolio como el que se pretende.
