La falta de desarrollo de la
legislación necesaria para la implantación masiva del autoconsumo en el sector
eléctrico español tiene, al menos, una causa que lo justifica: la existencia de
un oligopolio.
El debate para la superación de
la situación legislativa actual debería estar servido en el tema del
autoconsumo de energía en España, y, posiblemente, debería ser un tema de
confrontación política, al menos en el plano teórico, que ayudaría a que los ciudadanos se
posicionaran con mejor información de la que tienen actualmente y, en cualquier
caso, en unas elecciones podrían elegir una posición o la contraria
con más conocimiento que el actual.
Nadie rechaza el autoconsumo de
una manera directa, pero si, indirectamente, se defienden o se crean
inconvenientes que hacen que en la práctica sea inviable su desarrollo y así se
presenta un perfil menos duro o de enfrentamiento al autoconsumo ya que se
considera que socialmente es aceptado,
mayoritariamente, la posición de potenciar el autoconsumo.
La posición politica que defiende
abiertamente el autoconsumo, propició alternativas para el desarrollo de estas
fuentes de energía que se alejaban del autoconsumo, subvencionando con muy
importantes cantidades su desarrollo pero con un perfil único de producción y
de mantener el estatus del sistema existente y, por tanto, alejado de una
evolución hacia una generación distribuida y protagonizada por un nuevo agente:
el consumidor/productor.
Ambas posiciones han sido
avaladas por el oligopolio eléctrico ya que ambas defiendes sus intereses y,
por lo tanto, no cambian las estructuras existentes y les permiten controlar el
desarrollo del sistema eléctrico.
La ausencia de una estrategia
energética como país permite hacer planteamientos alejados de unos principios y
de unos objetivos y, así, retrasar el desarrollo del autoconsumo justificándolo mediante
un problema de costes para el sistema eléctrico, planteamientos que solo se
pueden hacer hacia España ya que no serían admitidos en el contexto energético
europeo.
El regulador dispone de toda la
artillería necesaria para implantar el autoconsumo de manera que defienda el interés general, baste
decir que los tres principios de sostenibilidad que conforman la estrategia
energética europea: suministro, ambiental y económico; van incorporados en el
ADN del autoconsumo.
Algunos de los débiles argumentos
que esgrimen los que no impulsan la implantación a corto plazo del autoconsumo los podemos encontrar en publicaciones
de la Fundación FAES:
“El consumidor deja de pagar
parte de los costes fijos por la energía autoconsumida, lo que supone una
subvención implícita y un incentivo ineficiente para sus promotores”
“Los costes fijos que los
consumidores dejan de pagar por el autoconsumo no desaparecen del sistema, de
modo que se tendrán que recaudar del resto de los consumidores para cumplir el
principio de suficiencia tarifaria”
“La propuesta de Real Decreto de
autoconsumo de julio de 2013 proponía establecer una tarifa de respaldo sobre
la energía autoconsumida que recuperara la parte de costes fijos que se dejan
de ingresar”
“Los altos precios de la
electricidad están distorsionando las decisiones de consumo, haciendo que el
sistema eléctrico esté perdiendo competitividad respecto a otras formas de
energía, incluido el autoconsumo”
“El autoconsumo no se debe ver como
una cuestión de consumidores contra el sistema ni contra las empresas eléctricas
del sistema, sino como una cuestión de reglas equitativas en un mercado
correctamente diseñado”
Todos los párrafos anteriores
podrían haberse escrito por la patronal Unesa actual representante de la
defensa de los intereses del oligopolio.
Los que se consideran abiertamente
defensores de la implantación del autoconsumo no aportan la definición de los
cambios estructurales que estarían dispuestos a realizar, ya que el alcance de
los mismos marcará, sin duda, una nueva etapa en el sistema energético español
en el caso de llevarse a cabo, con la consiguiente y necesaria ruptura del
oligopolio actual.
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