El pasado miércoles 9 de mayo, compareció en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, el Ministro del Ramo. El tema estrella fue el cumplimiento de Kyoto y
el tema asociado: los derechos de emisión y el mercado de CO2.
Se abre una nueva etapa a partir del 1 de enero del 2013 en el que se
tendrán que asignar y subastar los nuevos derechos y en este contexto surgieron
dos aspectos relevantes: el primero concerniente a los sectores difusos,
residencial y comercial, que corren a cargo de la administración (770 M€/2011),
el segundo fue que en la nueva etapa se solicitó
que los derechos de emisión se territorializen,
fue el término utilizado, es decir, se asignen por regiones.
El Ministro manifestó no tener ningún problema intelectual a que así se
hiciese, es más indicó el gran interés, manifestando solamente la complejidad de implantarlo y controlarlo, comprometiéndose
a crear una comisión de estudio, como es obvio ningún problema técnico con los
medios actuales para conseguirse una descentralización de la gestión.
Sirva lo anterior para introducir, un aspecto de avance para una nueva regulación, la modelización regional de nuestro sector
eléctrico, a imagen de lo que se intentará hacer medioambientalmente. No hay
que olvidar que, hoy por hoy, el mayor emisor de CO2 es la generación eléctrica
y la mitigación va acompañada del desarrollo de las energías renovables y la
generación distribuida y que ambas actividades tienen un claro contexto
regional y local.
En cuanto a los sectores difusos que tienen un importante coste para la
administración y que presumiblemente se incrementará linealmente con la subida
del precio de la tonelada de CO2, aparece la posibilidad ya establecida en
otros países de los certificados verdes, herramienta de gran utilidad para
conseguir un mejor desarrollo del autoconsumo con balance neto. Los
certificados verdes introducirían costes reales del sistema que permitirían una
competencia más ajustada.
La visión de nuestra realidad eléctrica regional que nos la presenta
una vez al año REE, en su informe final, traspasando los datos regionales al
mismo esquema que los datos nacionales, es concluyente con lo indicado
anteriormente, si se hiciese público más información con la misma desagregación
regional, ayudaría a todos los agentes a incidir en una mejor eficiencia de
nuestro viejo esquema eléctrico. Por ejemplo, en la información que facilita el operador del sistema, nada se indica
de las capacidades de evacuación que tienen las diferentes regiones y, por lo
tanto, de los sobrecostes del sistema por los sobredimensionamientos que ya se
admiten públicamente en: generación, transporte y distribución.
Sirva el anterior esbozo para indicar que existen cambios reales para
el sistema eléctrico que van más allá de la desaparición del déficit de tarifa
mediante la subida de tarifas de peaje y la reducción de costes. Lo deseable
sería poner al sistema eléctrico en la nueva senda que nos indica la Unión
Europea y que tiene que implementarse por dar entrada a nuevos agentes que hagan del sistema eléctrico un importante yacimiento de empleo.
