Tanto se ha parcheado, tanto se ha
desequilibrado el sistema eléctrico a favor de unos determinados intereses,
tanto se ha coartado a los reguladores y buscadores de equilibrios estables que
todo ese conjunto de actuaciones y otras muchas nos han llevado a la situación
actual.
La situación actual, a los ojos de
un agente externo al sistema, es la de un sistema eléctrico descontrolado, en
el que nadie es responsable de un crecimiento inaceptable del precio de la
energía eléctrica y, parece ser, que las reglas del sistema de las cuales tampoco
nadie se siente responsable, conducen a una situación que el sistema no puede
controlar y, desde fuera del mismo, no parece posible que se esté dispuesto a
consentir, al menos, durante la fase de “tormenta perfecta”
Los agentes que dominan el sistema,
con el beneplácito de los que tienen la responsabilidad de regular y
equilibrar, se lavan las manos, en una repetición de un Herodes de nuestro
tiempo.
Asistimos al inicio de mandato de
un nuevo Ministro de la Energía, del mismo equipo político que su antecesor y
con la singularidad de ser hermano del responsable de la energía de la etapa
anterior y autor de la última reforma del año 2013. El actual ministro, tal
como se viene diciendo en varios medios, se ha adjudicado el papel de narrador
de los hechos y no el de responsable que busca y acuerda soluciones.
Podemos resumir la situación que
atraviesa el sistema eléctrico, desde la óptica del Ministro de Energía en la
siguiente: se ha producido una tormenta perfecta por la confluencia de varios factores,
uno de estos factores: el precio en el mercado spot del gas natural, es el que
posibilita que el precio de la energía eléctrica alcance los niveles actuales
que son uno de los niveles máximos alcanzados por el sistema eléctrico.
Con el diagnostico anterior la
solución ya es posible y de toda lógica, hagamos que el precio de gas
descienda, al menos durante la fase de tormenta perfecta y aquí no ha pasado
nada, y este no pasar nada se cuantifica en que para un usuario doméstico le va
a suponer una cantidad no excesiva, 100€ al año o mejor 6/ 8 € al mes.
Por evidente, a nadie se le escapa,
que el razonamiento anterior no tiene ninguna consistencia y, por lo tanto, no
será la solución que demanda el sistema eléctrico y si, posiblemente, una
salida para la política y el lobby dominante.
La situación, en cualquier caso, es
poco ilusionante, al ser necesaria una reforma a la llevada a cabo en diciembre
del año 2013 liderada por el hermano del actual ministro de energía, lo ilógico
de la situación parece que se impondrá, salvo dimisiones no esperadas y, por lo
tanto, no será posible una nueva reforma desde la administración actual y si,
la implementación de nuevos parches que permitan una salida sin demasiados
costes políticos.
Plantearse una nueva reforma del
sistema eléctrico, transcurridos solamente tres años desde la última, solo sería
realizable desde la ruptura con el sistema actual.
La mejor definición del alcance de
la reforma a desarrollar, quizás, venga bien definida por el texto político de
los independentistas catalanes que dice lo siguiente:
El sistema energético de España es
el resultado de la evolución del modelo económico franquista de capitalismo de
Estado, en el que, o bien el Estado se reservaba la gestión directa de los
sectores básicos de la economía o bien en cedía esta gestión a intereses
privados cercanos al régimen.
En el proceso de la transición de
la dictadura al régimen constitucional de 1978 este esquema se mantiene. Sólo
las condiciones de entrada en la UE obligaron a desmantelar, al menos
formalmente, la estructura básica de este capitalismo de Estado, imponiendo la
privatización y liberalización de los grandes sectores económicos.
Las directivas europeas obligan a
abrir a la competencia efectiva la generación, la distribución y la comercialización
eléctrica, pero la transposición de estas directivas por parte del Estado
español se ha hecho de manera inadecuada y no se ha logrado alterar la
estructura oligopólica del mercado ni introducir una verdadera competencia al
alcance de los consumidores.
Se han creado unos mecanismos de
mercados mayoristas de electricidad que no favorecen unos precios competitivos
para la industria ni bastante asequibles muchas familias. Además, se dificulta
la entrada de otros actores en el mercado como con la legislación que ha
impuesto un peaje en el autoconsumo y la pequeña generación local.
El resultado de todo ello es el
mantenimiento de un mercado oligopólico con una formación de precios poco transparente,
al arbitrio del Gobierno, que es quien determina los costes regulados que
suponen cerca del 50% de la factura eléctrica que paga el usuario, y que han generado
un voluminoso déficit de tarifa que incrementará aún más unos precios que ya se
cuentan como los más elevados a nivel europeo.
Ciertamente, las familias y las
empresas hoy pagamos una de las facturas eléctricas más caras de Europa, con el
consecuente impacto en las economías familiares y la competitividad de nuestras
empresas.
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