Hay un hecho
incuestionable, la nueva legislatura que se iniciará después de las elecciones
del 26J no debería actuar como ha venido siendo habitual en las reformas que se
han abordado del sistema eléctrico, es decir, iniciar un tiempo de consulta y
educación de los nuevos responsables políticos que les permita definir el
alcance legislativo de la misma, proceso que alargaría la toma de decisiones, tan necesarias,
un tiempo excesivo y muy costoso para el interés general.
El
conocimiento sobre el sistema en todos los planos posibles está perfectamente
delimitado para, en función de la estrategia energética que se quiera
implantar, definir acciones de cambio con implantación inmediata.
Si la política
energética que se desea desarrollar fuera, como no puede ser de otra manera, la
establecida por la UE, sin ningún tipo de cortapisa y, además, eliminando todo
vestigio de oligopolio, nos llevaría a un consenso político, económico y social
aceptado por la mayoría de los agentes involucrados.
Actualmente el
sistema eléctrico está perfectamente estructurado para acometer reformas de
amplio calado y a pesar de ser sistémico se pueden definir planes de acción
independientes, por lo tanto, el sistema eléctrico compuesto por los
subsistemas: generación, transporte, distribución, comercialización y
consumidores podrían tener planes de acción propios inmediatos.
Por otra
parte, los agentes claves del sistema, como son: generadores, transportista,
operador, distribuidores, comercializadores y consumidores, se les definiría su
nueva posición en el sistema como consecuencia de la nueva política a
desarrollar.
Hay un hecho
objetivo e innegable, tal que es, la falta de una transición ordenada del
sistema eléctrico con la implantación de la democracia y, posteriormente, con
nuestra entrada en Europa.
La existencia,
denunciado por la sociedad civil, de barreras infranqueables para eliminar la
actual convergencia de lo político y lo empresarial del sistema, con el
objetivo de que realmente se establezca un sistema de economía de interés
general y que, por lo tanto, prime al consumidor como el objetivo del sistema.
Si realmente
órganos como: el operador del sistema, el transportista, la CNMC y el CSN
fueran independientes, bastaría para que se defendiese un nuevo sistema
eléctrico que cumpliese su importante papel a desarrollar en la estrategia
energética de Europa.
Evidentemente,si, en 40 años no se ha conseguido una transición del sistema solamente con
voluntarismo no se conseguirá, los intentos que ha habido nunca fueron capaces
de sortear las barreras que se encontraban en el camino, quizás, porque los
propios legisladores se encuentran imbuidos en las fuerzas que el sistema tiene
para preservar posiciones de privilegio.
Para ilustrar
lo anterior, basta recordar algunos hitos de la legislatura anterior en la que
se llevó a cabo una nueva reforma del sistema eléctrico:
- Suspensión de las ayudas a las energías renovables.
- Modificación del régimen de ayudas
- Fiscalidad verde fracasada
- Cierre unilateral de Garoña
- Cancelación subastas Cesur
- Manipulación del mercado mayorista
- Cambio del “hueco térmico”
- Autoconsumo con balance neto fallido
Algunos de
estos hitos mostraron como el sistema eléctrico se autoalimenta en sus reformas
y que conllevan irremediablemente a tener que replantearse una nueva reforma.
Establecer una
hoja de ruta para una reforma del sistema eléctrico que supere el actual
desequilibrio existente, principalmente del lado de los consumidores, es
necesario y posible. Los “prosumidores”; unos nuevos gestores de las redes de
distribución, la involucración de los territorios en el desarrollo de las
nuevas redes y los nuevos generadores renovables, la separación del mercado
mayorista de las generaciones: nuclear e hidráulica y su vinculación con el CSN
y las cuencas hidrográficas y un largo etcétera que está en el conocimiento
existente en el país.
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