El apagón energético que atraviesa
la economía española, definido por atravesar un periodo en el que se ha determinado, por la actual administración,
que después de haber regulado la desaparición del déficit tarifario en el
sector eléctrico, considera que ya se han hecho todos los cambios estructurales necesarios y ya
no es necesario definir las estrategias energéticas que carecíamos y carecemos.
El apagón se acaba al surgir importantes posiciones de ruptura
desde el propio establishment, en este caso desde Cataluña, como consecuencia
de las elecciones del 27 de septiembre.
La candidatura: Junts pel sí; en su programa electoral, dentro del
apartado: un nuevo modelo energético, explicita su ruptura energética con el
análisis siguiente:
El sistema energético de España es el resultado de la
evolución del modelo económico franquista de capitalismo de Estado, en el que,
o bien el Estado se reservaba la gestión directa de los sectores básicos de la
economía o bien es cedida esta gestión a intereses privados cercanos al
régimen.
En el proceso de la transición de la dictadura al
régimen constitucional de 1978 este esquema se mantiene. Sólo las condiciones
de entrada en la UE obligaron a desmantelar, al menos formalmente, la
estructura básica de este capitalismo de Estado, imponiendo la privatización y
liberalización de los grandes sectores económicos.
Las directivas europeas obligan a abrir a la
competencia efectiva: la generación, la distribución y la comercialización
eléctrica, pero la transposición de estas directivas por parte del Estado
español se ha hecho de manera inadecuada y no se ha logrado alterar la
estructura oligopólica del mercado ni introducir una verdadera competencia al
alcance de los consumidores.
Se han creado unos mecanismos de mercados mayoristas
de electricidad que no favorecen unos precios competitivos para la industria ni
bastante asequibles en muchas familias. Además, se dificulta la entrada de otros
actores en el mercado con una legislación que ha impuesto un peaje en el
autoconsumo a la pequeña generación local.
El resultado de todo ello es el mantenimiento de un
mercado oligopólico con una formación de precios poco transparente, al arbitrio
del Gobierno, que es quien determina los costes regulados que suponen cerca del
50% de la factura eléctrica que paga el usuario, y que han generado un
voluminoso déficit tarifa que incrementará aún más unos precios que ya se
cuentan como los más elevados a nivel europeo.
Ciertamente, las familias y las empresas hoy pagamos
una de las facturas eléctricas más caras de Europa, con el consecuente impacto
en las economías familiares y en la competitividad de nuestras empresas.
Independientemente de la posición ideológica
de cada cual y de su currículo en esto de la energía, el análisis anteriormente
expuesto y que se hace, al menos en parte, por el establishment de las últimas décadas,
es un buen principio para un debate serio sobre cuál es la situación que se
deberá superar, ya que no sirve a los intereses generales y a los que todavía
sirven están en proceso de desunión y desacuerdo, como se explicita en el programa
electoral aludido.
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