Se nos anuncia como la “buena
nueva” los superávit que se conseguirán, tanto en el ejercicio 2014 como el
2015, que ascenderán en los entornos de 100M€ y 1000M€ respectivamente y
enunciado así a todos nos debería parecer una buena noticia y objetivamente no es así para la gran mayoría de los agentes y sobre todo para los
consumidores y entre ellos los que pagan un porcentaje más alto de su renta
por el suministro que no es otro que el pequeño consumidor
Lo más preocupante, a corto plazo,
es que invariablemente se tendrá que volver a
cuestionar el sistema en su conjunto con el objetivo de encontrar un
equilibrio aceptado mayoritariamente, actualmente inexistente, que sea válido
para todos los implicados y que debería aceptarse dos puntos incuestionables de inicio para el
sector:
- Servicio de interés general
- Supremacía del consumidor
De ser así, se evidencia que lo
desarrollado durante este cuatrienio no cumple, ni de lejos, los dos puntos
referidos y, además, ha dejado sin resolver múltiples problemas técnicos y económicos
que se arrastran desde el principio del proceso de liberalización, mostrándose con toda su virulencia en diciembre del 2013, cuando ocurrieron los hitos
siguientes:
- Última subasta Cesur
- Cierre unilateral e ilegal de la Central Nuclear de Garoña
- Ley del sector eléctrico sin consenso político
El grado de desarrollo conseguido
en el proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones comparado
con el sector eléctrico, nos debería hacernos reflexionar de lo poco avanzado
que se encuentra en éste último sector y las consecuencias que esto tiene para
los consumidores y el desarrollo económico y social de éste país.
En
Telecomunicaciones, se ha pasado del par de cobre a la fibra óptica; se han
implantado diferentes redes: inteligente, móviles, digitales y todo ello
posibilitó un acceso e implantación de la denominada “sociedad digital”. No nos
podemos ni plantear si durante el proceso liberalizador la empresa dominante
hubiese planteado imponer un precio por tener un ordenador conectado a la red o
cosa similar, con el objeto de evitar el desarrollo de no sé qué servicio que
lo consideraba cautivo e imprescindible para poder mantener las infraestructuras
existentes.
Lo anteriormente indicado pasa en
gran medida en el sector eléctrico. El retraso tecnológico y de gestión del sistema
eléctrico es objetivo, no se adecuó al desarrollo del país, no asumió el
proceso descentralizador llevado a cabo durante ya más de treinta años, no se
ha aceptado por parte de las empresas dominantes perder su condición oligopolista
ni cambiar su relación con el poder político, acorde con un mercado
liberalizado y dirigido al consumidor, es decir, pasar del abonado de la etapa
regulada al cliente propia de un mercado.
No tengo ninguna duda que un
nuevo mapa político con cuatro fuerzas, dos de ellas no contaminadas por etapas
anteriores, deberá ser un marco más favorable para enderezar y superar los años
perdidos, el potencial de recorrido es ilusionarte y, sin ninguna duda, existen
unas generaciones jóvenes preparadas para llevarlas a buen puerto y sin ninguna
implicación con el histórico de éste sector.
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